La Mesa de la Profesión Enfermera, integrada por el Consejo General de Enfermería y el Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado a la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, que aclare si comparte el apoyo de la directora general de Farmacia del Ministerio, Patricia Lacruz, a la ‘farmacia comunitaria’ ya que , de ser así, supondría que respalda una clara privatización de la sanidad pública para que los empresarios farmacéuticos puedan hacer más negocio a costa de la salud de todos los ciudadanos.

La Mesa ha mostrado su más absoluto rechazo a las recientes declaraciones de la directora general de Farmacia, en las que afirmaba que "la farmacia comunitaria es imprescindible en el ámbito asistencial ambulatorio”, apuntando que parecen más propias de un responsable de la patronal farmacéutica que de un representante de un Gobierno que debe velar por el mantenimiento presente y futuro del sistema sanitario público español.

A juicio de la Mesa de la Profesión Enfermera, es totalmente contradictorio que el actual Gobierno socialista se muestre públicamente como un claro defensor de la sanidad pública y universal y, al mismo tiempo, respalde la privatización de servicios asistenciales que ya se vienen realizando de manera muy satisfactoria por las enfermeras y médicos del ámbito de la Atención Primaria de nuestro país. Al respecto, señala que, si se quiere potenciar el papel del farmacéutico, puede hacerse con los profesionales de este colectivo que ya trabajan en el SNS.

Por ello, desde la Mesa se ha solicitado a la ministra de Sanidad que defina con total claridad cuál va a ser la postura del Gobierno estatal cuando se alcancen acuerdos o, incluso, se pretendan aprobar leyes por parte de algunos ejecutivos autonómicos a favor de la ‘farmacia comunitaria’. Un claro ejemplo, apunta, es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que ya ha presentado un proyecto de Ley que permitirá a los empresarios farmacéuticos ofrecer determinados servicios asistenciales cuya competencia corresponde exclusivamente a médicos y enfermeros del Sistema Nacional de Salud.

La Mesa entiende que, tanto desde el Ministerio de Sanidad como desde las distintas consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas lo que se tiene que hacer es trabajar de manera coordinada para reforzar y mejorar la Atención Primaria y, como consecuencia, propiciar un aumento de las plantillas de enfermeras y médicos en todos los servicios de salud.

La Mesa recuerda que actuaciones como el seguimiento de los pacientes crónicos o polimedicados, la revisión de botiquines familiares, visitas a domicilio o la administración de inyectables, como las vacunas, son competencia de los profesionales sanitarios de Atención Primaria, según establece la normativa al respecto, y todas ellas ya se vienen realizando sin que supongan ningún tipo de coste adicional para de los ciudadanos.

Algo que no ocurrirá, apuntan desde la Mesa de la Profesión Enfermera, si estos servicios los realizan los empresarios farmacéuticos, ya que éstos pretenden cobrar por todos y cada uno de los mismos, ya sea directamente al paciente, a los servicios autonómicos de salud, a las mutualidades o a una combinación de todos ellos.

Por último, la Mesa alude a un reciente estudio que concluye que los ciudadanos son partidarios de que estos servicios sean realizados exclusivamente por médicos y enfermeras, mostrándose partidarios, además, de que se destinen más recursos para aumentar las plantillas. En concreto. nueve de cada diez personas mayores de 55 años con una enfermedad crónica consideran que el control de su tratamiento sólo debe ser realizado por médicos y enfermeras y no por farmacéuticos, y sólo el 2% entendería que la sanidad pública pagase a las oficinas de farmacia por el control de los medicamentos a domicilio, mientras que el 82% cree que lo que debería hacerse es contratar más enfermeras.

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