Una sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén considera que los sanitarios tenían la obligación de sacrificar su derecho a la vida e integridad, aun sin mascarillas, durante la primera ola de COVID-19, en beneficio de la vida e integridad del resto de la población

Disconformidad y recurso en suplicación al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Esta es la posición del Ilustre Colegio Oficial de Enfermería de Jaén ante la sentencia del Juzgado de lo Social número 2 de Jaén, que reconoce la escasez de equipos de protección para los sanitarios durante los primeros meses de la pandemia, un hecho público y notorio. Pero, del mismo modo, no condena a la Administración por vulneración de derechos fundamentales de los enfermeros al entender tácitamente que la falta de equipos de protección para los mismos fue irremediable y que ante la tesitura de tener que elegir entre la vida de los ciudadanos, o trabajar en condiciones peligrosas para la integridad de los enfermeros, debe ponderarse y privilegiarse el derecho a la vida de los ciudadanos. El Colegio también muestra también su extrañeza por que la sentencia compare el sacrificio de las enfermeras con otros casos como los  terroristas del GRAPO en huelga de hambre, o de los Testigos de Jehová, ya que no son en absoluto equiparables.

Ante esta situación, los Servicios Jurídicos del ICOEJ, ya han interpuesto un recurso contra la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, confiando en que se corrija este fallo. Se da la circunstancia que esta misma semana se ha hecho pública la sentencia por la que la Conselleria de Sanidad de la Comunidad Valenciana debe indemnizar con cantidades que van desde los 5.000 hasta los 49.180 euros a los profesionales médicos que trabajaron durante la primera ola de la pandemia en la provincia por hacerlo sin haberles dado los equipos de protección adecuados. En el fallo, el juez considera que “los facultativos sanitarios tienen derecho a ser indemnizados por los daños y perjuicios personales y morales”.

Desde la Asesoría Jurídica del ICOEJ, el letrado Santiago López Poyatos considera que la sentencia de Jaén partiría de una premisa equivocada, y es que pese a ser lamentable el ejemplo de los GRAPO o los Testigos de Jehová, en estos casos se ponderaban varios derechos fundamentales concurrentes en una misma persona o sujeto, como podía ser el derecho a ser alimentado forzosamente y contra la voluntad de un preso para evitar su muerte, o hacer una transfusión sanguínea a un Testigo de Jehová en contra de su religión para salvar su vida. Por lo tanto, se optaría por proteger la vida de la persona por encima de cualquier otro derecho fundamental que correspondería a esa misma persona.  “Pero en esta sentencia, se considera que, en la pandemia por COVID-19, se pueden sacrificar derechos que concurren en distintas personas o sujetos; es decir, que se sacrifiquen unos, sin dotarlos de medios, para salvar a otros, como ocurría en sociedades antiguas tales como Egipto, o en la época precolombina”, apunta el abogado. Y continúa: “Este sacrificio no sería exigible en una sociedad moderna salvo en caso de declaración de guerra, y no con un simple Estado de Alarma, que incluso ha sido declarado inconstitucional parcialmente”.

Por su parte, el presidente del Colegio, José Francisco Lendínez, recuerda que en la provincia el número de sanitarios infectados de COVID19 ha sido muy elevado, se calcula que tres de cada diez contagios en la primera ola, mayoritariamente enfermeras. Igualmente, hace especial hincapié en el fallecimiento de profesionales de la enfermería, es el caso del enfermero y profesor de la Universidad de Jaén, Pedro Carrillo, que perdió la vida a causa del coronavirus en abril de 2020. 

“Con esta sentencia se está obviando el derecho de cualquier trabajador a contar con los medios de protección adecuados para preservar su salud: se nos quiere convertir en mártires para que la Administración no tenga que responder por ponernos en primera línea sin medios, ni por los enfermeros contagiados e incluso fallecidos”, apunta. “Si éste es el concepto que tienen de nosotros, tendremos que pedir medallas pensionadas al Gobierno, por la heroicidad de nuestros enfermeros que han sustituido a la acción de gobierno”, añade.

No obstante, José Francisco Lendínez agradece a todos los ciudadanos que han reconocido la labor de los enfermeros en particular y de los sanitarios en general, y que, de forma espontánea, aplaudían desde los balcones: “si el pueblo nos reconoce, la Justicia tiene que reconocernos también”.