El Consejo Andaluz de Enfermería se muestra satisfecho con la sentencia del Juzgado de lo Penal n.º 1 de Granada, comunicada en el día de ayer, por la que se condena a una pena de seis meses de prisión y multa a una paciente, como autora de un delito de atentado y de lesiones a una enfermera a la que además tendrá que indemnizar. Tras la denuncia presentada por la profesional en diciembre de 2018, al sufrir en su centro de trabajo una agresión física y verbal, se personó como acusación particular en defensa de su colegiada el Colegio Oficial de Enfermería de Granada, quien la ha representado en el procedimiento judicial.

Para este Consejo, que representa a más de 40.000 enfermeras andaluzas, es totalmente lamentable que se continúen produciendo este tipo de episodios de violencia contra unas profesionales que lo que tratan es de “ejercer la función propia de su cargo”, como cita la sentencia de este caso, en el que la agresora “discrepó de la forma en que se desarrollaba dicha asistencia”, de modo que “con ánimo de menoscabar la integridad de la profesional y con desprecio a su labor, la cogió de un brazo, se lo retorció y le dio patadas, al tiempo que le profería amenazas de muerte e insultos”, lo que le provocó lesiones así como una crisis de ansiedad, tal y como consta en los hechos probados de la propia sentencia.

Por ello, una vez más, el Consejo Andaluz de Enfermería quiere mostrar su más enérgica condena a la agresión sufrida por la enfermera granadina, al tiempo que muestra su satisfacción por el fallo, que viene a corroborar cómo las agresiones físicas y verbales a los profesionales sanitarios no pueden quedar indemnes y son actos reprochables contra los que la Organización Colegial va luchar con todos los medios a su alcance para que no se vuelvan a repetir bajo ningún concepto.

De igual modo no queremos dejar pasar la ocasión para llamar la atención a todos aquellos profesionales que puedan sufrir situaciones de violencia en el ejercicio diario de su profesión, a que no duden en denunciar ante sus Colegios estos hechos. Para ello, los colegios oficiales de enfermería de las ocho provincias andaluzas ponen a su disposición todos los servicios de sus asesorías jurídicas para hacer frente a esta lacra.

Además, a raíz de esta noticia es necesario igualmente traer a colación los datos obtenidos recientemente en el estudio La enfermería andaluza: Análisis de situación y principales demandas. Las encuestas realizadas a más de 3.000 enfermeras y enfermeros acerca de la situación de la profesión en Andalucía revelan que dos de las tres principales prioridades de los enfermeros andaluces son que se adecúe la ratio enfermera/paciente a la media española y europea, así como que se estabilicen las plantillas. Reivindicaciones estas que se pueden conectar directamente con las agresiones a sanitarios como la probada en la sentencia que acaba de ser publicada. Como ha demostrado la evidencia científica y los diferentes estándares de calidad de los organismos europeos, adecuar la ratio y las plantillas a las necesidades de la población no sólo reduciría la mortalidad, sino que disminuiría notoriamente el número de agresiones.

Si bien no están justificadas en modo alguno ni violencia ni agresiones, que son producto de comportamientos y actitudes detestables, irracionales e incívicas, los hechos demuestran que existe una correlación directa entre pacientes-ratios-agresiones.

Así, el CAE lleva años trasladando estas reclamaciones a los organismos pertinentes y la situación, lejos de mejorar, ha empeorado, como refleja el creciente número de agresiones a personal sanitario que asola nuestra comunidad. Es por ello que, tal y como se recoge en el estudio mencionado, desde este organismo hacemos un urgente llamamiento a los responsables sanitarios autonómicos para que se incrementen las plantillas, al objeto de que los enfermeros y enfermeras trabajen en las mejores condiciones posibles, y que puedan dedicarse sin miedo a cuidar de las personas, de los pacientes y la ciudadanía en su conjunto.